La medida fue dispuesta por la Unidad de Información Financiera (UIF) para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Las compañías emisoras de tarjetas de crédito y débito tendrán que guardar datos hasta por 10 años, desde el patrimonio de sus clientes hasta dónde se ubicaron geográficamente las transacciones.

También se va a obligar a tener datos sobre residencia, nacionalidad, estimado de ingresos, consumos, transacciones realizadas, patrimonio, actividad que realiza el cliente, si es persona jurídica o física y el medio de pago que use.

Entre otros controles, la medida prevé que el cliente autorice a una empresa emisora de tarjetas a compartir su información con otras empresas obligadas a guardar control sobre lavado de activos o financiamiento del terrorismo, como pueden ser los bancos.