A pesar del reclamo popular en defensa de la soberanía y de la decisión del Senado, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron desestimar la demanda que la declaraba inconstitucional.

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) promovió una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional a fin de que se declare la inconstitucionalidad y nulidad del artículo.

“Frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia”, sostuvieron los jueces.

La ley busca preservar la soberanía territorial y evitar la extranjerización desmedida de las tierras.

La Ley 26.737 fue sancionada en diciembre de 2011, durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner e imponía restricciones estrictas a la titularidad de capitales foráneos sobre el territorio nacional. Entre ellas, fijaba un límite del 15% para la propiedad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal; establecía que ninguna nacionalidad extranjera podía superar el 30% de ese 15% permitido y ningún propietario extranjero podía poseer más de mil hectáreas en la zona núcleo o su superficie equivalente según la ubicación geográfica.