Así lo dictaminó la Cámara en lo Contencioso Administrativo luego de un reclamo del sector inmobiliario.

La ley 5859 fijaba el monto máximo de la comisión a cobrar en 4,15% del valor total del contrato, a cargo del locador. Además prohibía “requerir y/o percibir mediante cualquier forma de pago, comisiones inmobiliarias y/u honorarios por la intermediación o corretaje a locatarios, sublocatarios y/o continuadores de la locación” y trasladaba a los dueños de las propiedades los costos de gestoría de informes a organismos oficiales.

El fallo establece que el Código Civil y Comercial de la Nación reconoce que el inquilino tiene carácter de “comitente” y, por tanto, le corresponde el pago de honorarios al corredor que interviene en la operación.

El titular de la ONG Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, ya anticipó que apelarán el fallo.