El decreto establece un tope de indemnización de medio millón de pesos.

Se prorroga, además, hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, la prohibición de efectuar suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo.

La excepción para la industria de la construcción, continúa.

El financiamiento de estas prestaciones será imputado al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales.

“La segunda ola de la COVID-19 que azota al país debe ser acompañada por medidas acordes que contemplen la protección de la salud de la población y coadyuven a morigerar el impacto de las medidas sanitarias sobre el empleo”, explicaron desde el Gobierno Nacional.