El proyecto, que ahora deberá ser aprobado en el Senado, propone que el plazo mínimo para el contrato de alquiler sea de tres años en lugar de dos, la actualización anual del valor del alquiler a través de un índice conformado en partes iguales por las variaciones mensuales del Indice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que deberá ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central.

Además de una garantía de tercero, ahora también se aceptarán recibos de sueldos, certificados de ingreso, seguros de caución o avales bancarios.

Otra de las modificaciones es que el proyecto obliga a que la totalidad de los contratos sean inscriptos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), para evitar la evasión impositiva y posibles abusos por parte de los propietarios fuera de la formalidad legal.

La nueva Ley de Alquileres responsabiliza al propietario del inmueble a pagar cualquier gasto extraordinario que surja en las expensas.

Entre otras modificaciones, una que resalta es la creación del Programa Nacional de Alquiler Social, cuya función sea crear medidas que faciliten el acceso a una vivienda digna en alquiler mediante contratación formal.